El acceso y uso de la propia lengua como derecho humano inalienable

El acceso y uso de la propia lengua como derecho humano inalienable

Nos encontramos en plena celebración de la Semana Internacional de las Personas Sordas, en su versión 2021: del 20 al 26 de Septiembre. Desde 1958, esta celebración ha sido impulsada por la Federación Mundial de las Personas Sordas (FMS o WFD, en sus siglas en inglés), organización internacional sin fines de lucro, que hoy celebra su 70 aniversario de existencia, y que agrupa a las organizaciones nacionales de personas sordas de 130 países del mundo, representando una población de aproximadamente 72 millones de personas sordas. Durante esta semana se celebra la dignidad humana en la diversidad lingüística (se calcula que las comunidades sordas han creado y usan actualmente más de 200 diferentes lenguas de señas), a fin de promover conciencia de una comunidad excluida de los derechos humanos más básicos, empezando por el más esencial: el derecho de acceso a la lengua natural.

El 19 de diciembre del año 2017 la FMS logró que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara la resolución A/RES/72/161, para instaurar, el 23 de septiembre de cada año, como el Día Internacional de las Lenguas de Señas. La resolución, patrocinada por la misión permanente de Antigua y Barbuda ante la Organización, fue copatrocinada por 97 Estados miembros. Sin embargo, a la fecha, sólo 68 de los 193 países miembros de la ONU ha reconocido legalmente sus lenguas de señas nacionales, tal como lo grafica la investigación en curso que la FMS está desarrollando en el tema. Precisamente, la declaración del Día Internacional de las Lenguas de Señas tuvo como objetivo principal visibilizar la necesidad de proteger y garantizar, por parte de los Estados, la identidad lingüística y la diversidad cultural inherente a las personas sordas.

La celebración de este Día Internacional cada año pretende hacer conciencia en la comunidad oyente que el acceso y uso de la lengua de señas es un derecho humano, y es un pre-requisito para el ejercicio de todos los otros derechos humanos por parte de las personas sordas. A la vez, resulta muy importante reconocer que el derecho al acceso y uso de la lengua de señas abarca mucho más que un derecho individual, que es lo que resguarda la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), y en particular, a través de sus artículos 2, 9, 21, 24 y 30. Más allá de la protección de este derecho como garantía individual, la comunidad sorda mundial busca lograr el pleno reconocimiento de sus derechos colectivos, como comunidad lingüístico-cultural oprimida y colonizada, aspecto que sigue siendo pasado por alto no sólo en la CDPD, sino también en las leyes y las políticas públicas nacionales. 

Las leyes y políticas nacionales fallan en reconocer la dimensión colectiva del derecho a la lengua de señas cuando garantizan la inclusión de intérpretes de lengua de señas sólo para el acceso a la información en temas puntuales y no como política sistémica y transversal del Estado en todos los ámbitos de la vida social y ciudadana, o cuando conciben la lengua de señas meramente como “herramienta comunicativa”, desconociendo su naturaleza de lengua única y plena,  anulando así su carácter de vehículo transmisor de cultura y de identidad. Proteger la lengua de señas sólo apenas como medida alternativa de accesibilidad o ajuste razonable individual, muchas veces conduce a la reducción u omisión de los derechos lingüísticos en tanto derechos colectivos y culturales. Así, al ignorar su dimensión colectiva, las leyes y políticas contribuyen, de manera paradójica, a la privación de lenguaje para las personas sordas, con graves consecuencias en su desarrollo humano, social y ciudadano. Además, al encasillar a las personas sordas como “personas con discapacidad auditiva”, titulares de derechos individuales, como la accesibilidad informativa y comunicacional, tales leyes omiten la existencia de la comunidad cultural sorda, con una lengua y representación del mundo diversa coexistiendo dentro de la sociedad hegemónica, que ha sido y sigue siendo víctima de colonialismo cultural y lingüístico.

Las personas sordas, miembros de comunidades sordas, deben ser reconocidas como titulares de derechos colectivos, de la misma manera como lo son los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes de la diáspora. Es en este sentido que acuñamos el concepto de la “doble conciencia”, tomado prestado de W.E.B. Du Bois: la intersección entre ser parte de la ciudadanía del país, la sociedad oyente, y al mismo tiempo ser parte de un colectivo cultural diverso: la comunidad sorda. En esta dualidad, existe una identidad paralela que se construye como proceso: la sordedad. Este término no tiene nada que ver con la ausencia de sonido, ni la “discapacidad auditiva”, ni la falta de algo, y por ende es distinto a “la sordera”. En contraste, la sordedad es una identidad definida por una manera eminentemente visual de desenvolverse y entender el mundo, que es perfecta y plena tal como es, y que no tiene ninguna relación con lo auditivo. La omisión de esta intersección en las leyes y políticas públicas agrava la situación de exclusión que experimentan las personas sordas, ya que perpetúan una ideología “oyentista” que les exige adaptarse a una estructura social, una lengua y una identidad fundadas en la audición.

“La sordedad” va más allá  del concepto de cultura sorda, un término creado en los años 70 para expresar que las comunidades sordas contienen sus propias formas de vida mediadas a través de sus lenguas de señas. La cultura sorda brinda acceso a soluciones creadas históricamente por una comunidad minoritaria para una vida efectiva en un mundo predominantemente auditivo. Más adelante, en la década de 1990, Paddy Ladd desarrolló el concepto “la sordedad” con el fin de iniciar el proceso de definición del estado existencial de “ser-persona-sorda-en-el-mundo”. La sordedad no es una condición médica estática como la sordera ni tampoco tiene la misma definición del término “cultura sorda”. Representa un proceso:

“la lucha de cada niño/niña sordo/a, familia sorda y persona adulta sorda para explicarse a sí mismos y a los demás su propia existencia en el mundo. Al compartir sus vidas entre sí como comunidad, y al poner en práctica esas explicaciones en lugar de escribir libros sobre ellas, las personas sordas se involucran en una praxis diaria, un diálogo interno y externo continuo. Este diálogo no solo reconoce que la existencia como una persona sorda es en realidad un proceso de convertirse en una persona sorda y mantenerla, sino que también refleja diferentes interpretaciones de lo que puede significar ser una persona sorda en una comunidad sorda”.

Así, las personas sordas no se sienten “personas con discapacidades” desde el paradigma médico del término. Pero tampoco desde el modelo social. La sordedad no es vista ni sentida como “deficiencia” y, por ende, no necesita ser “mejorada” o “reparada”, y las soluciones individuales de ajuste del entorno para hacerlo más accesible no resultan tampoco suficientes. Para Paddy Ladd el modelo social de la discapacidad, que ha influenciado la CDPD, no es todavía lo suficientemente revolucionario para responder a la esencia de la diversidad humana interseccional de las personas sordas y los desafíos, también interseccionales, de su inclusión: no rompe realmente con los estigmas ni los parámetros sobre los cuales se levanta el modelo médico. Esto, porque el principio de distinción y definición sigue siendo la “deficiencia”, la ausencia de algo, la desventaja, o el “impedimento”, y abordándolo siempre desde una perspectiva únicamente individual. La cuestión de la identidad, una manifestación cultural en sí misma, es planteada aquí desde una mirada antropológica. Por tales motivos ni el modelo médico ni el modelo social han articulado una visión convincente para lograr la inclusión plena y efectiva de las comunidades sordas.

Si definimos a las personas sordas no sólo como la suma de individualidades aisladas, sino como una comunidad social, cultural y lingüística, interseccional e interdependiente, entonces podemos aproximarnos a ellas ya no desde el punto de vista de oír más o menos, sino desde las consecuencias culturales que la sordera provoca, en tanto comunicación y lengua son los vehículos con los que se construye su realidad. En contraste, la CDPD ofrece soluciones a la opresión de la comunidad sorda a través del resguardo de sus derechos individuales, pero no logra desmantelar la hegemonía oyentista. Sin el reconocimiento de sus derechos colectivos, las personas sordas seguirán siendo vulneradas y desprotegidas en el ejercicio de sus derechos en esa intersección que experimentan en tanto comunidades culturales distintas.

Por todo esto es necesario extender el pleno reconocimiento legal—y más aún, Constitucional—de las lenguas de señas como obligación contraída por los 193 países miembros de Naciones Unidas, así como asegurar que tal reconocimiento abarque las dimensiones individuales y colectivas de los derechos de las personas sordas. Una medida de promoción imprescindible que ha impulsado la FMS para lograr tal fin, es la firma por parte de tomadores de decisiones, de la Carta de Derechos de las Lenguas de Señas. Al respetar la interseccionalidad del derecho a las lenguas de señas tal como lo plantea dicha Carta, es posible contribuir a garantizar que las generaciones de personas sordas presentes y futuras gocen de todos sus derechos básicos e inalienables en igualdad básica con las demás personas.

Pamela Molina Toledo es Licenciada en Literatura Hispánica de la Universidad de Chile y Maestra en Ciencias de Discapacidad y Desarrollo Humano de la Universidad de Illinois en Chicago, USA. Actualmente es la Directora Ejecutiva de la Federación Mundial de Personas Sordas.

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Access to and use of one's own language as an inalienable human right

We are in the midst of celebrating the International Week of Deaf People , which runs from September 20th to 26th. The World Federation of the Deaf (WFD), an international not-for-profit organization, began promoting this annual celebration in 1958. The WFD, which turns 70 years old today, comprises national organizations of Deaf persons from 130 countries around the world, representing approximately 72 million deaf persons.This week marks a celebration of human dignity through linguistic diversity (estimates indicate that deaf communities have created and currently use more than 200 distinct sign languages) and aims to raise awareness of a community that has been and continues to be excluded from its most basic human rights, starting with the most essential: the right to access to our natural language.

On December 19, 2017, the United Nations (UN) General Assembly adopted resolution A / RES / 72/161 recognizing September 23rd as the International Day of Sign Languages . Although this resolution, sponsored by Antigua and Barbados, was co-sponsored by 97 other UN member states, only 68 of the 193 UN member states have formally recognized national sign languages, as these graphics from the WFD demonstrate. The International Day of Sign Languages ​​declaration was intended to shine a light on the need for states to protect and guarantee the linguistic identity and inherent cultural diversity of deaf persons.

This Day aims to educate the hearing community about access to and the use of sign language both as a human right in itself and also as a prerequisite for deaf persons to exercise any of their human rights. As such, it is imperative that we realize that the right to access and use sign language is about much more than an individual right, which is how it is conceived in the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), specifically , in articles 2, 9, 21, 24, and 30. Beyond this right being an individual entitlement, the global deaf community is advocating for the full recognition of its collective rights as a linguistic-cultural community that has been oppressed and colonized. This demand, however, continues to be overlooked not only in the CRPD itself but also in most national laws and policies.

National laws and policies fail to recognize the collective dimension of the right to sign language where they call for access to sign language interpreters for only certain kinds of information but not for every aspect of people's social and civic lives, or where they describe sign language as a “communication tool” while disregarding its nature as a unique and complete language that serves as a vehicle for transmitting not just information but culture and identity. Protecting sign languages ​​only as an alternative accessibility measure or reasonable accommodation can undermine the collective and cultural aspects of deaf persons' sign language rights. By ignoring this collective dimension, such laws and policies paradoxically promote language deprivation for deaf persons, with grave consequences for their development as humans, citizens, and members of society. Further, by simply categorizing deaf persons as "persons with hearing disabilities," who are entitled to certain individual rights, such as accessible information and communication, these laws ignore the existence of the deaf cultural community, which has its own language and a diverse worldview , that coexists within a hegemonic society, and has been the victim of cultural and linguistic colonialism.

Deaf persons, who are members of deaf communities, should be recognized as having collective rights, in the same way that indigenous groups and Afro-descendant communities. Deaf persons possess a “double consciousness,” to borrow a phrase from WEB Du Bois, that refers to the phenomenon of belonging to a country's citizenry, the hearing society, while also being part of a diverse cultural collective, the deaf community. Within this duality, there is an ongoing process of parallel identity formation called "Deafhood." This term has nothing to do with the absence of sound, auditory impairment, or any deficiency, and thus is distinct from "deafness." Instead, “Deafhood” is an identity defined in an entirely visual way of interacting with and understanding the world, is perfect and complete as it is, and requires nothing from the hearing world.

“Deafhood” builds beyond the concept of deaf culture that emerged in the 1970s in order to express the idea that deaf communities have their own ways of life mediately entirely through sign language. Deaf culture creates space for solutions designed by a minority community to lead their lives in an overwhelmingly hearing world. In the 1990s, Paddy Ladd neologized the term " Deafhood " to begin to define the existential state of "being-a-Deaf-person-in-the-world." "Deafhood" is not a static medical condition like "deafness," nor is it entirely captured by the concept of deaf culture. Rather, it represents a process :

“the struggle by each Deaf child, Deaf family and Deaf adult to explain to themselves and each other their own existence in the world. In sharing their lives with each other as a community, and enacting those explanations rather than writing books about them, Deaf people are engaged in a daily praxis, a continuing internal and external dialogue. This dialogue not only acknowledges that existence as a Deaf person is actually a process of becoming and maintaining ‘Deaf’, but also reflects different interpretations of Deafhood, of what being a Deaf person in a Deaf community might mean.”

Thus, deaf persons do not feel they are “persons with disabilities” within a medical model understanding of this phrase, or within a social model understanding of it. Deafhood is not seen or felt by deaf persons as a “deficiency,” and thus do not need to be “fixed” or “repaired.” Besides,  individualized solutions to adjust the environment to make it more accessible are not sufficient. For Paddy Ladd, the social model of disability, which influenced the CRPD, is not revolutionary enough to respond to the quintessentially intersectional human diversity of deaf persons, and the intersectoral challenges relating to their social inclusion. For deaf persons, the social model does not successfully break down the stigmas and barriers erected by the medical model, because the distinctions and definitions that flow from the notion of “deficiency,” that is, lacking, disadvantage or impairment, remain medicalized, and are understood only from an individual perspective. Instead, the question of identity, a manifestation of one’s culture, is essentially an anthropological one. For these reasons, to date neither of the medical model nor social model of disability has articulated a convincing vision for the full and effective inclusion of deaf communities.

If we define deaf persons not only as an aggregation of isolated individuals but as a social, cultural, and linguistic community that is intersectional and interdependent, then we can approach them not based on whether they hear more or less, but based on the cultural consequences of being deaf, insofar as communication and language are the vehicles for constructing deaf realities. The CRPD, by contrast, offers solutions to deaf oppression in the form of individual rights, thereby failing to dismantle the audist hegemony. Without collective rights, Deaf persons will continue to experience human rights violations and to lack adequate protections for their rights in their intersection as culturally diverse communities.

Thus, it is necessary not only to extend full legal recognition—including recognition in states’ constitutions—of sign languages throughout all 193 UN member states but also to ensure that legal recognition encompasses both the individual and collective dimensions of deaf persons’ rights. An important advocacy tool for doing so is for decision-makers to take note of and sign the WFD’s Charter on Sign Language Rights for All. By respecting the intersectionality of language rights described therein, we can help ensure that present and future generations of deaf persons will be able to enjoy all their unalienable human rights on an equal basis with others.

Pamela Molina Toledo holds a Bachelor's in Spanish Literature from the University of Chile and a Master of Sciences on Disability and Human Development from the University of Illinois-Chicago, USA. She currently serves as the Executive Director of the World Federation of the Deaf (WFD).

Hezzy Smith is HPOD´s Director of Advocacy Initiatives and is solely responsible for all translation errors or inaccuracies.